Los jueces no podrán opinar en los medios de comunicación sobre asuntos pendientes en los tribunales o sentencias.
Los jueces y las asociaciones deberán abstenerse de valorar asuntos de actualidad ante los medios de comunicación, las organizaciones judiciales no se financiarán vía impuestos, sino exclusivamente mediante las cuotas de los afiliados, y los aspirantes que aprueben la oposición se someterán a un examen de aptitud psicológica para evitar que «personas carente del necesario equilibrio mental se integren en la judicatura».
Estas son algunas de las novedosas medidas incluidas en el borrador de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta, con 559 artículos, que las comisiones presididas por el magistrado del Tribunal Supremo Luis María Díez-Picazo y el vocal del Consejo General del Poder Judicial Antonio Dorado han entregado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
En el Palacio de Parcent, el magistrado Luis María Díez-Picazo ha dado cuenta de las grandes líneas recogidas en el documento que giran en torno a la organización de los tribunales, el estatuto de los jueces y el Consejo General del Poder Judicial. Incluyen la supresión de los partidos judiciales, la creación de tribunales de instancia y el mantenimiento de la Audiencia Nacional.
El redactado, recogido por Europa Press, regula las relaciones de los jueces y las asociaciones representativas de la Carrera con los medios de comunicación. El artículo 45 reconoce que la emisión de noticias y opiniones sobre asuntos judiciales sólo está sometida a los límites que rigen para la libertad de información y expresión. Los programas emitidos en que se haga un juicio paralelo de cuestiones pendientes ante los tribunales estarán obligados, en todo caso, a «presentar de manera veraz todos los hechos relevantes del asunto».
Lo llamativo reside en el tercer precepto donde se recoge que: «los Jueces y las asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados».
En cuanto a la vida corporativa de los togados, el texto ordena que la financiación de las asociaciones provenga exclusivamente de las cuotas de los afiliados a fin de ponerlas «a reparo de condicionamientos e instrumentalizaciones exteriores». La comisión ha eludido regular el derecho de huelga al suponer «una decisión con enormes connotaciones políticas e intrínsecamente controvertida en la sociedad española».
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